¿Deben existir los fueros?


En diversos países algunos de los servidores públicos ostentan fueros, que en teoría se considera una especie de inmunidad. Algunos lo consideran un certificado de seguridad para que quienes ejercen cargos importantes dentro de la administración pública puedan conducirse con absoluta libertad en sus gestiones. Sin embargo, el debate surge sobre si debería realmente existir el fuero y si aporta algo relevante para la democracia. A decir de Simon Wigley (2003), lo que la inmunidad parlamentaria pretende proteger y permitir es “la habilidad de los representantes para deliberar en lugar de los representados a pesar del hecho de que sus posiciones argumentativas puedan apartarse, con frecuencia, del sentimiento popular o de la agenda particular de un grupo de interés” (29-33).

En el caso de El Salvador, el Artículo 236 de la Constitución hace un listado de los funcionarios que gozan de fuero (lista muy aparte de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa), un listado que —a mi juicio—  implica hacer un estudio de las funciones de cada uno y de si el cargo amerita la mencionada protección.  Literalmente la Carta Magna salvadoreña señala: “El Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los representantes diplomáticos, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan”.

El fuero, en teoría, evita que servidores públicos de alto rango puedan ser procesados judicialmente por la comisión de un delito durante el período de su cargo, como una garantía para la gobernabilidad del país. Pero, ¿para qué se creó el fuero? Esta protección tuvo su origen en la figura de la “inviolabilidad”, con el propósito de proteger a senadores y diputados para expresar ideas o críticas sin ser reprimidos por otros poderes.

Habrá que cuestionarse si los funcionarios mencionados en el artículo anterior realmente conllevan un aporte a la gobernabilidad y estabilidad democrática de la nación. Ese tratamiento dispar con respecto de los demás ciudadanos comunes y corrientes del país llegó incluso a un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, que fue obligada a pronunciarse al respecto. En la resolución de referencia 2010-2016, dicho tribunal argumentó que esta protección “deviene de la premisa que con la inmunidad no se pretende crear una esfera de exculpación de las actuaciones ilícitas, condenables penalmente, realizadas por parlamentarios, sino verificar que no existe intencionalidad política de alterar la composición parlamentaria mediante la inasistencia involuntaria de alguno de sus miembros. Esta prerrogativa no constituye un mecanismo que dé lugar a la impunidad de conductas cometidas por tales funcionarios en el desempeño de sus cargos.”

El truco del argumento de la sentencia radica en que los ilícitos que pudiesen cometer los funcionarios deben ser en el desempeño de sus cargos y no debería aplicarse por ostentar el cargo, que son dos situaciones diferentes. Por lo que podría dar pie al argumento de que un magistrado únicamente podría gozar de fuero por aquellos posibles ilícitos que se encuentren en relación con el desempeño de su cargo. A manera de ejemplo puedo mencionar una posible falsedad procesal en el trámite de un determinado proceso judicial, algún acto arbitrario en perjuicio de alguna de las partes o en beneficio propio o de un tercero. En consecuencia, se dejarían de lado aquellos delitos que no guardan una vinculación directa con el desempeño de su cargo, como lo pueden ser aquellos relativos a la libertad sexual, libertad económica, trata de personas, narcotráfico, etc.

Acorde a la publicación del periódico El País del 10 de noviembre de 2017 titulada “El fuero constitucional”, se informó que en México empezó a existir un movimiento en torno a la validez y el límite de la figura jurídica del fuero, y que en varias entidades ya fue eliminada y en otras simplemente acotada. En efecto, pero existen mociones entre los partidos políticos para que ni el Presidente de la República, con algunas excepciones, ni los legisladores federales, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni magistrados, ni Secretarios de Estado, entre otros funcionarios más, puedan gozar de dicho fuero. Esta iniciativa legal, que constituye un auténtico clamor popular, fue saboteada con razones inconfesables por el PRI, claro está —imposible que hubiera sido de otra manera—, y por Morena, un partido político propiedad de López Obrador, ambos abiertos defensores de la impunidad que tiene harta a la sociedad mexicana.

La academia ha realizado diversos análisis como el ahora expuesto, pues se ha sostenido que la inmunidad referida no es de la persona, sino del cargo “en su carácter de representantes del pueblo, con el propósito de preservar la voz de la ciudadanía y facilitar el cumplimiento de los demás deberes propios de la función legislativa” (Cordero, 2009: 6). En El Salvador es momento de sentarse a pensar si el país necesita tantos funcionarios con este tipo de privilegios, y si éste realmente beneficia a la gobernabilidad, la democracia y la igualdad de sus ciudadanos. Es tiempo de demandar una sociedad más equitativa e igualitaria entre administradores y administrados, en la cual, los primeros únicamente puedan gozar de este tipo de protección en el desempeño de sus labores.

Walter Flores Castro

Abogado autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Colaborador Judicial de la Cámara Primera de lo Laboral, Diplomados en Derecho Constitucional &Estudiante de Maestría en Ciencia Política en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.

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