La estrategia del Gobierno mexicano: ciudadanía organizada y asimilación del costo político


El día de la toma de protesta del Presidente de México, al menos lo que yo recuerdo, no habían sido tan simbólicos como lo acontecido el primero de diciembre de 2018, cuando iniciaba la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Desde su llegada al Congreso y su discurso ante los millones de mexicanos (algunos con esperanza de cambios, otros con preocupación ante la imposibilidad de ver una tercera opción), el simbolismo fue lo que predominó en el ambiente. Desde el arribo sin escolta y sin el aparato de seguridad que habían desplegado sus antecesores, pasando por el cadete del Colegio Militar colocando la banda presidencial después de que se le entregara al presidente por el poder Legislativo, hasta el evento que terminó por acaparar las noticias y dio de qué hablar durante un buen rato: la apertura de los Pinos a la población civil.

La estrategia de abrir los Pinos a la población fue simple, pero simbólicamente quedó plasmada en el imaginario nacional, pues demostró la magnificencia de un recinto que se había convertido en todo lo contrario a lo que Cárdenas había pensado cuando se mudó del Castillo de Chapultepec al entonces rancho la Hormiga: la ostentación. En efecto, al observar la estructura de los edificios, los acabados, los materiales de construcción, las dimensiones, las extravagancias que se encontraron, el mobiliario… parecía que se entraba a un mundo completamente distinto, ajeno a la realidad de un México cuya población en muchas ocasiones apenas vive al día, sin acceso a servicios básicos de salud, seguridad y vivienda, atrapado en el eslogan individualista de “el cambio está en uno mismo”. Por supuesto, es el hogar del poder Ejecutivo, pero también es cierto que en los últimos seis años se había convertido en un recinto invadido por la banalidad y el show business.

El siguiente paso del Gobierno fue mantener su discurso de ahorro presupuestal y austeridad, esta vez en la cuestión de los ministros de la Suprema Corte. La campaña fue dura e hizo perenne la cantidad de recursos que adquirían estos funcionarios por su trabajo. El contraataque de los ministros fue el de escudarse en la separación de los tres poderes y en su necesidad de mantenerse independientes ante el Ejecutivo. La respuesta del Gobierno fue simple: los funcionarios no deberían ganar más que el Presidente, para eso estaba el sector privado como opción de enriquecimiento. La ciudadanía intervino de nuevo, dividida, entre los que estaban de acuerdo con el recorte según la lógica de reducción de dinero en el gobierno, y los que consideraban que, al tener los conocimientos, educación y experiencia necesaria, podían ganar un sueldo exorbitante.

Esta estrategia de voltear a la ciudadanía en contra de las élites políticas y económicas a través de un discurso de austeridad de parte del Gobierno federal tuvo otro triunfo, esta vez más simbólico, pero igual de potente. Antes de terminar el año se anunciaron recortes y una distribución distinta en el presupuesto de las universidades y en la educación del país. Una de las instituciones que se mostró más afectada y mostró su rechazo desde el principio fue la Universidad Nacional, que argumentó que, al contrario, se debería invertir más, pues de no ser así se harían recortes en áreas como las becas. Si bien en un principio tuvo el apoyo de los académicos, pronto la moneda se volteó hacia la experiencia de los alumnos y profesores, quienes denunciaron una mala administración de los recursos y una pésima distribución de las distintas áreas de conocimiento, pues mucho del dinero quedaba entre los académicos, los altos administrativos de la universidad o el mismo sindicato. La respuesta del Gobierno fue “hacer más con menos”; de nuevo las opiniones se dividieron y el Gobierno se echó para atrás. ¿Mala negociación? Al contrario, pareciera que la estrategia de esta administración se mantiene en su misma lógica: hacer presente los altos grados de corrupción y mala administración que han perdurado hasta ahora y que sea la misma sociedad la que esté dispuesta a condenar los hechos, participando y presionando para que sus impuestos se ocupen de forma efectiva y no terminen en las fiestas de fin de año de algún funcionario público o administrativo corrupto.

Todo esto nos lleva a la problemática que hoy se ha hecho presente en el país: el combate al robo de combustible y las consecuencias que ello provocó entre la ciudadanía. Distintas dependencias de seguridad y de la administración pública se han coordinado para hacer frente a la ordeña y venta ilegal de combustible que en gran medida significaba una importante pérdida económica para el Estado. Ejército, Marina y la Policía han hecho recorridos por los oleoductos, han escoltado las pipas y se han hecho de algunas instalaciones pertenecientes a Petróleos Mexicanos.

Al mismo tiempo, se ha restringido el servicio de oleoductos y se ha sustituido por el abasto a partir de pipas que llevan el combustible según los contratos originales con las gasolineras. Esto ha generado una histeria colectiva que no ha hecho más que acentuar el problema: en un impulso de la ciudadanía por ganarle al dichoso desabasto de combustible —el problema no es que no haya combustible, más bien que ahora tarda más en llegar al consumidor—, lo único que han hecho es generar la misma escasez. Esto, sumado a que muchas de las gasolineras ya no pueden abastecerse con el combustible robado —y, por lo tanto, ya no pueden cubrir la demanda como antes—, ha producido un ambiente muy extraño entre la población. Por un lado, los grupos opositores hablan de una mala estrategia por parte del Gobierno, pero la realidad es que el problema del hurto de combustible ya se había salido de las manos de las administraciones anteriores y hoy se están pagando las consecuencias de su desidia y cobardía para sufrir los costos políticos de la lucha a la corrupción. Por otro lado, la gran mayoría de los ciudadanos están dispuestos a afrontar las consecuencias de estas medidas, pues es lógico que la fragmentación de una red criminal tan amplia y con tantos intereses económicos no iba a ser tarea fácil.

De nuevo, parece que la estrategia del Gobierno, en cuanto al manejo de las relaciones públicas y al apoyo de la mayoría de la ciudadanía, rinde frutos. Se ha descubierto, o mejor dicho, se ha hecho visible la amplia red de robo y venta de combustible en México, misma en la que habían estado coludidas las autoridades gubernamentales. ¿Cuál será el siguiente paso del Gobierno? ¿Los mexicanos estarán dispuestos a sufrir por un bien mayor —como en otros países llega a ocurrir—? ¿O seguiremos inmersos en nuestro individualismo y en la fantasía de que es mejor buscar soluciones rápidas, inmediatas, a corto plazo, en las que todo se resuelva por arte de magia y en la que la población no tenga que mover ni un dedo? ¿Preferimos seguir bajo la irrisoria consigna “el cambio está en uno mismo”? ¿O realmente vamos a organizarnos como ciudadanía?

José Francisco Vera Pizaña

José Francisco Vera Pizaña (México, Distrito Federal). Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (FFyL) con la tesis “Nexos en la historiografía: la construcción de la batalla de Crécy en la historiografía inglesa y estadounidense (1885-2013)”. Especialista en historia militar e historia de la Edad Media. Miembro activo del Seminario de Estudios Históricos Sobre la Edad Media (UNAM) y del Seminario Estudiantil de Historia Militar y Naval (UAM-I). Consultor historiador de Caronte Lab. Profesor en el Centro Universitario de Integración Humanística (CUIH).

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