El control de la memoria. Un problema que enfrenta la Historia en México.


En la actualidad, la Historia, tal cual la concebimos comúnmente, ha quedado reducida a poco más que una materia obligatoria de la instrucción primaria y secundaria (y con la Reforma Educativa, tal vez ni a eso). Generalmente quienes gustan de ella más allá de las aulas escolares la cultivan por ese afán erudito de “saber más”, aquel que les permite sacar el alardeado “dato curioso”. Tristemente eso es reflejo de un pésimo sistema educativo que sobre ella sólo nos ha enseñado a repetir sistemáticamente fechas, nombres y sucesos.

La Historia, se dice, es esa aburrida materia poco práctica; lo pasado, pasado, y en el presente de nada sirve. En el mejor de los casos, le somos gratos porque gracias a ella tenemos días feriados y animadas verbenas; incluso nos alegramos al publicar en nuestras redes sociales graciosas imágenes que visualizan los rostros de personajes con leyendas como “Gracias Madero por darme este día de descanso…”. Sin embargo la Historia es mucho más que eso, y sus usos han sido tantos y variados como el número de épocas que contamos en el tiempo.

Por citar alguno de ellos, en primer lugar tenemos a la Historia magistra vitae et testis temporum ( La Historia es maestra de vida y testigo de los tiempos), formulada por Cicerón en su De oratore. En ella, el célebre jurista y orador romano dejó impresa una versión que la obligaba a ser un recuento de lo dicho para conocimiento de la posteridad, y sobre todo, a ser una instructora de lo ya vivido, una fuente de lecciones para la humanidad. En virtud de ésta es que aludimos al pasado para no cometer errores en el futuro, o al menos así lo hemos pretendido.

Otra forma en la que solemos usar la Historia es aquella que comúnmente vemos transmitida en las intenciones de nuestros libros de texto, así como en los días feriados por mandato oficial o en las numerosas y bucólicas estatuas que adornan el paisaje de nuestra localidad. Ésta es una Historia cuya función ha sido indispensable en la vida de las naciones modernas, pues a ella le debemos la formación de una identidad común sustentada a través de la idea de un pasado que nos identifica a todos por igual. Entiéndase a ella como la Historia patria, aquella que nos hace pertenecer a tal o cual nación. Sobre ésta nuestro país guarda un gran legado gracias a sus múltiples e históricos conflictos sociopolíticos que han heredado distintos proyectos nacionales.

Por un lado tenemos en el siglo XIX una Historia liberal que señalaba nuestros inicios como nación en el llamado México prehispánico al interpretarlo como una época gloriosa y endémica de nuestra América. Consolidada por hombres como Altamirano o Ignacio Ramírez, y posteriormente transformada gracias a la acción de célebres intelectuales de la talla de Justo Sierra o Vicente Riva Palacio, aquella era una Historia que narraba una lucha liberal en pos de la completa independencia de México, a la vez que revestía  su destino con el manto del progreso y la modernidad.

Con la Revolución de 1910 los tiempos cambiaron y tras el reacomodo político consecuente se buscó que la Historia mostrará una nacionalidad arraigada en lo popular.  A ella debemos las grandiosas obras de muralistas como Rivera, Siqueiros u Orozco, ubicadas en edificios públicos para que el mensaje de la revolución y su historia fuera admirado por todos. Es gracias a ésta que por un largo tiempo el Partido de la Revolución Institucional fue concebido como el legado de un movimiento popular.

Sin embargo, querido lector, a mi entender, por encima de ellas hay un uso más sano y pragmático para cualquier sociedad, aunque a veces no lo parezca. Me refiero a la Historia que analiza y comprende el pasado para explicar el presente; una Historia que no busca dar lecciones inescrutables o servir a los proyectos políticos de tal o cual grupo en el poder. Ésta es una Historia imperfecta, si se quiere soberbia y limitada, pero es una Historia necesaria. Simplemente hagamos un ejercicio aplicado a cada uno de nosotros: preguntémonos, ¿cómo sabemos quiénes somos sino es por el entendimiento de nuestro devenir personal?, ¿cómo reconocemos nuestros defectos y virtudes sino a través del conocimiento del pasado?, ¿cómo descubrimos qué es lo que tenemos sino a través de lo que hemos buscado? La Historia nos define en lo particular y en lo general; su función la hace imprescindible para conocernos como personas y como sociedad.

Estudiar esta Historia implica una labor en lo absoluto complicada, pues afirmar sobre el pasado significa una gran responsabilidad ética y profesional. No basta con dar rienda suelta a los mitos y a las suposiciones morbosas que algunos escritores chantajistas han vendido como “verdad”, es necesario comprobar lo sospechado a través de testimonios que den cuenta de lo señalado. La Historia es una ciencia de lo social que vive de lo producido en épocas pretéritas; para conocer un determinado tema se necesita estudiar, entre otras cosas, los libros, las imágenes, los sonidos y los documentos relacionados a él.

Recientemente con la aprobación de la Ley General de Transparencia ha quedado reglamentado en su artículo 116 la existencia de información confidencial, la cual es relativa a los datos de una persona identificada o identificable, para cuyo uso sólo podrán acceder los servidores públicos, los titulares de dicha información y sus representantes; con esto, el acercamiento a ella  únicamente podrá conseguirse a través de su consentimiento. En un sentido similar, la Ley General de Protección de Datos Personales, aprobada por el Senado y en espera de su ratificación por la Cámara de Diputados, estipula que para acceder a los datos de una persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, es necesario el consentimiento del titular.

Esta última ley sólo contempla como fuentes de acceso público a páginas de internet, directorios telefónicos, diarios, gacetas o boletines oficiales, y a los medios de comunicación, además de los registros públicos según las disposiciones aplicables en los casos particulares. Con ello, los archivos históricos, fuente indispensable para la elaboración de la Historia, ha quedado fuera dentro de esta gama de registros de uso público.

Por su parte, esta propuesta de la Ley General de Protección de Datos Personales implica que una vez que los documentos dejen de ser útiles, según las finalidades con las que fueron expedidos, podrán ser eliminados, suponiendo con ello la destrucción de una gran cantidad de documentos útiles para la comprensión del pasado, así como un control total del aparato gubernamental sobre los registros de la nación. Con ello, lo útil o lo inútil queda a disposición de los directores políticos del país, desapareciendo (como ya se ha hecho extraoficialmente) testimonios documentales que contradigan sus proyectos.

Sobre ello, el día de hoy (28 de noviembre) la Cámara de Senadores tendrá una audiencia pública a las 10:00 a.m. donde se discutirá el proyecto  de la Ley General de Archivos, propuesta que no supone una corrección a las omisiones permitidas en los dictámenes mencionados, al presentarse como ambigua respecto a la situación de estos como documentos públicos, además de no regular su transacción de los archivos de concentración a los de carácter histórico. Esto, según el proyecto, a su vez  queda a disposición del criterio de un grupo multidisciplinario que sólo contempla la participación de historiadores como un aspecto opcional, quedando con ella la disponibilidad y criterio de estos documentos de acuerdo a lo que podría ser una mirada ajena a la labor de los profesionales de la Historia. Por si fuera poco, también se ha propuesto una revisión de los documentos ya concentrados en los archivos históricos para definir su calidad de públicos.  Por último, se ha señalado dentro de dicho proyecto de ley que el Sistema Nacional de Archivos, encabezado por el Archivo General de la Nación, quedaría bajo tutela de la Secretaría de Gobernación, generando con ello un control más amplio del aparato estatal sobre los testimonios que le corresponden a la nación y que sirven para el conocimiento de su pasado.

Una historia controlada por los directores políticos del país supone un conocimiento construido a fin a sus intereses y un grave atentado contra la memoria colectiva de quienes lo constituyen. Conocer nuestra situación personal y social no es una opción, si no una obligación. Está claro que la Historia a la que defiendo en esta ocasión no es del todo pública, muy comúnmente uno de sus grandes errores es pecar de elitista; sin embargo restringir las pruebas del pasado significa amortajar nuestra vida social. Que sirva este breve escrito para involucrarnos ante dicho problema.

Gerardo Emmanuel García Rojas

Egresado de la Licenciatura en Historia de la FES Acatlán.

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