Judicialización de la Política: El Poder de los Tribunales Constitucionales.


No es nuevo el concepto de la judicialización de la política, que, en palabras sencillas y cortas, es la utilización del sistema judicial para dirimir asuntos meramente políticos. La utilización de las distintas instancias judiciales es muy variada, desde la jurisdicción civil, pasando por la penal, hasta llegar a los niveles de los tribunales o salas constitucionales.

Ferejohn (2002, pág. 14) ha expuesto en este mismo sentido que existen tres distintas razones del por qué la interaccion de los tribunales con el poder legistavo.Tenemos entonces que

Primero, los tribunales se han visto cada vez más aptos y con mayores deseos de limitar y regular el ejercicio de la autoridad parlamentaria imponiendo límites importantes al poder de las instituciones legislativas. Segundo, cada vez más, los tribunales se han convertido en el lugar donde se hacen las políticas significativas. Y, tercero, los jueces se han visto más dispuestos a regular la conducción de la actividad política misma —ya sea que se practique en o alrededor de las legislaturas, oficinas de gobierno o el electorado— construyendo y haciendo valer normas de comportamiento aceptable, tanto para grupos de interés y partidos políticos como para funcionarios electos o designados.

 Los elementos mencionados por Ferejohn son aspectos con característica subjetivas, dado que se abocan a la disposición que los jueces posean de intervenir en las actuaciones legislativas. En El Salvador, ninguna Sala de lo Constitucional ha sido tan abiertamente receptiva a ventilar asuntos “políticos” como la actual. Es hasta la entrada de los actuales señores Magistrados: Sidney Blanco, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Armando Pineda, en que el dinamismo de la sede judicial aludida cambia y permite la presentación de demandas atenientes a dilucidar temas políticos, como la representación ciudadana, las formulas electorales y candidaturas, entre otras.

En esta ocasión me referiré específicamente a la relevancia que ha tenido la Sala de lo Constitucional de El Salvador, mediante la emisión de sentencias que han cambiado el sistema político, como la última sentencia de fecha trece de julio de dos mil dieciséis, a través de la cual se expulsa del ordenamiento jurídico la ley de amnistía. Dicha ley fue producto de negociaciones que evitaban el juzgamiento de los intervinientes del conflicto armando que vivió la nación en la década de los ochentas.

Muchos sectores se han opuesto a este tipo de sentencias dado que han obligado, a la “clase política”; a replantearse las reglas del juego y se ven obligados a realizar reformas forzadas que afectan directamente el sistema político salvadoreño. Los argumentos en contra de este tipo de sentencias por parte de la Sala de lo Constitucional van orientados a que dicho tribunal se ha excedido en el desempeño de sus atribuciones. Sin embargo, el suscrito considera que ante tales señalamientos es preciso hacer las siguientes acotaciones.

Es de recordar que la competencia de los tribunales constitucionales es el ejercicio del control de constitucionalidad de las normas jurídicas de un país, sean estas leyes, reglamentos, decretos, etc. Hasta este punto podemos observar un elemento meramente jurídico; sin embargo, la constitución no solamente es una norma jurídica, sino un acuerdo político entre diversos sectores de una sociedad. Este acuerdo, constituye las “reglas del juego” mediante las cuales, las diversas fuerzas políticas, económicas y sociales pretenden desempeñar su rol.

Es por ello que Valles ( 2007, pág. 233) concibe la judicialización de la politica, como la “intervención de los tribunales y jueces para dirimir desacuerdos políticos que en otro tiempo hubieran sido resueltos en el parlamento o en los medios de comunicación”.

Específicamente en el caso de los tribunales constitucionales, no es de extrañarse que sus sentencias incidan en el ámbito de actuación de otros actores políticos. Un elemento que Valles (2007, pág. 233) destaca, es que el activismo judicial es la consecuencia de la inoperancia de mecanismos tradicionales para la solución de conflictos sociales. Es decir, que la sociedad, llega a un punto en el cual el sistema político tradicional no le brinda la satisfacción de sus necesidades y por lo tanto debe abocarse al Órgano Judicial, para literalmente demandar al Estado en pos de forzar el cumplimiento de sus peticiones.

Ahora bien, como hemos señalado, la constitución contiene las “reglas del juego”, esto debido a que es en esa norma jurídica donde se reúnen elementos de la organización del Estado, sus niveles de actuación, y como éste buscaría la legitimidad de sus ciudadanos. Es este sentido, si estas reglas no son respetadas o son burladas por los actores políticos, son los tribunales constitucionales, quienes haciendo uso de sus facultades, los que deben obligar a cualquier actor político al cumplimiento de las mismas.

Los conflictos entre los poderes legislativo y judicial principalmente surgen en virtud que el primero traslada sus acuerdos políticos a leyes de la república, lo que deja a dichos acuerdos susceptibles del control constitucional; y dado que muchas veces dichos acuerdos no reflejan los derechos o principios tutelados en la constitución, dichas leyes quedan fuera del ordenamiento jurídico poniendo en Jaque al órgano legislativo.

Dicho lo anterior, se concluye que no es posible limitar a los tribunales constitucionales a emitir fallos meramente jurídicos, cuando su mismo campo de actuación es el control de la constitucionalidad de un país; es generar la seguridad jurídica que las reglas del juego político, no variarán y que estas se respetarán independientemente de quien ostente el gobierno.

Con el presente artículo no se pretende defender en ningún momento las sentencias de la Sala de lo Constitucional, muchos menos a los Señores Magistrados que la integran; sino tratar de presentar argumentos que eviten la discusión emocional y un tanto visceral que dentro del Órgano Legislativo salvadoreño actualmente se vive.

No se puede evitar mencionar, la posibilidad que los tribunales constitucionales puedan responder a una agenda política, por parte de actores opositores al sistema político, que busquen mediante la judicialización de la política generar cambios en el status quo del país; sin embargo, dicha hipótesis será objeto de otro artículo.

 

Walter Flores Castro

Abogado autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Colaborador Judicial de la Cámara Primera de lo Laboral, Diplomados en Derecho Constitucional &Estudiante de Maestría en Ciencia Política en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.

Comentarios